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Miembros de la fuerza pública también son víctimas de las FARC: Procuraduría

 

“Los miembros de la fuerza pública en general también han sido víctimas de las FARC. Eso es innegable y no puede ser objeto de discusión”.

 

Así lo señaló la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, en el Foro Nacional Sobre Víctimas que se celebró en Cali, al referirse a la participación que tendrán las víctimas de esa guerrilla en los diálogos de paz que se realizan en La Habana (Cuba).

 

La funcionaria agregó que se necesita escuchar a las víctimas del grupo guerrillero, quienes, a su juicio, no están realmente representadas. “Esa es una queja asidua. En el foro hay presencia de personas que ni han sido víctimas de las FARC y no representan los intereses de estas”, señaló.

 

Precisamente, hace dos semanas, la Procuraduría le solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas informar sobre la metodología que se utilizará para la selección de los representantes de las víctimas que estarán en la mesa de negociaciones.

 

Según la entidad, es fundamental que se tenga claridad sobre las reglas de juego establecidas en un aspecto de tanta trascendencia, y que se le asegure una representación justa al universo de víctimas del conflicto armado.

 

Vale la pena recordar que las delegaciones del Gobierno y las FARC acordaron, el mes pasado, los mecanismos para la participación directa de las víctimas del conflicto en los diálogos de La Habana, y anunciaron que el primer grupo de afectados será recibido el próximo 16 de agosto.

 

De igual manera, indicaron que la organización y el proceso de selección de los grupos estarán a cargo de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, en consulta con diferentes asociaciones de víctimas.

 

Igualmente, se definieron los criterios para la selección de las comisiones, de las cuales se invitará a una por cada ciclo. En cuanto a la integración, esta instancia deberá estar compuesta hasta por 12 personas.

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Consejo de Estado sugiere porcentajes para acuerdos conciliatorios con entidades estatales

La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre los parámetros que deben tener en cuenta las entidades estatales para ejercer su libertad dispositiva en materia de conciliación extrajudicial y judicial.

 

De acuerdo con la providencia, cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia y el acuerdo tenga como objeto un porcentaje de la indemnización, la conciliación puede convenirse entre el 70 % y el 100 % de esa condena. Estos mismos porcentajes aplicarían, si la sentencia de primera instancia no es estimatoria de las pretensiones o no se ha proferido.

 

Los anteriores parámetros no se tendrían en cuenta si está acreditado el daño, pero no la cuantía del perjuicio. En esos eventos, explicó, el propio juez debería acudir a la equidad como principio y fundamento para determinar el monto de la indemnización.

 

“Cuando en estas circunstancias se pretenda alcanzar un acuerdo conciliatorio, el margen de negociación entre las partes será mayor y serán ellas las que en su criterio y libre disposición (…) definan los términos de su respectiva conciliación y, por su puesto, corresponderá al juez competente evaluar y definir, de conformidad con las particularidades de cada caso concreto, la legalidad del respectivo negocio jurídico”.

 

El alto tribunal recordó que son las partes, en el libre ejercicio de su voluntad, las que deben discutir y negociar los términos en los que se le debe poner fin a un conflicto. Sin embargo, si es evidente que la fórmula de solución es excesivamente ventajosa o desequilibrada, sobre todo cuando esa desproporción es fruto del ejercicio de una posición de dominio, el juez no puede convertirse en un testigo silencioso de una injusticia, sino que debe adoptar medidas para alcanzar un mínimo equilibrio.

 

La entidad pública que ocupe una posición de dominio, concluyó, debe ejercer esa prerrogativa de forma razonable, motivada y proporcional, de manera que se logren acuerdos justos y equilibrados para la contraparte débil o que no se encuentre en una posición de igualdad real.

 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 20001233100020090019901 (41834), abr. 28/14, C. P. Mauricio Fajardo Gómez)

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Polígrafo puede utilizarse en procesos de selección de empresas de vigilancia: Mintrabajo

 

En Colombia no existe regulación vigente sobre la posibilidad de practicar la prueba del polígrafo a los trabajadores, ni disposición normativa que la prohíba. Sin embargo, en caso de que se realice, debe hacerse conforme al numeral 5º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, guardando absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos, advirtió el Ministerio del Trabajo.

 

La Resolución 2593 del 2003, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, autorizó el examen del polígrafo en sus procesos de selección de personal, el cual debe cumplir los siguientes requisitos:

 

- Reserva absoluta sobre la información obtenida.

- Autorización previa, por escrito y voluntaria por parte del aspirante al cargo.

- Que este sea informado sobre cómo funciona el polígrafo, advirtiéndole que no representa amenaza contra su dignidad y demás derechos fundamentales.

 

El Ministerio recordó que el empleador debe respetar de manera incondicional la dignidad humana de sus trabajadores. En ese sentido, reiteró que, según la jurisprudencia constitucional, la dignidad humana constituye un derecho fundamental, un principio constitucional y un valor que sirve como fundamento de todo el universo legislativo.

 

(Mintrabajo, Concepto 53266, mar. 31/14)

 

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Defectos subsanables en procesos de licitación son aquellos que no asignan puntaje al oferente

 

En materia de contratación, los defectos subsanables son los que no asignan puntaje al oferente y deben corregirse dentro del plazo que la entidad estatal otorgue durante la evaluación de las ofertas, usualmente previsto en los pliegos de condiciones, sin exceder el día de la adjudicación, precisó recientemente el Consejo de Estado.

 

Según la corporación, permitir enmendar lo que asigna puntos facilitaría al proponente defraudar a los demás participantes en la licitación, por ejemplo, ofreciendo datos irrisorios, pues en ese momento ya conocería los valores ofrecidos por los demás competidores.

 

La Ley 1150 del 2007 conservó y profundizó la solución antiformalista que introdujo la Ley 80 de 1993, en el sentido de señalar que todos aquellos requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las propuestas son aquellos que no afectan la asignación de puntaje, los cuales podrán ser solicitados en cualquier momento, hasta la adjudicación.

 

No obstante, algunos decretos reglamentarios de la ley (decretos 66 y 2474 del 2008 y 734 del 2012) impidieron subsanar muchos requisitos que no asignaban puntaje, pues establecieron excepciones relacionadas con la capacidad para contratar o la acreditación de circunstancias ocurridas después del cierre de la oferta, hasta que el Decreto 1510 del 2013 no las reprodujo y precisó que todos los requisitos omitidos que no asignen puntaje son subsanables.

 

En el caso bajo análisis, el alto tribunal indicó que, si bien los estados financieros suscritos por los contadores públicos deben cumplir las exigencias legales, para que tengan valor probatorio pleno en un proceso de licitación, se trata de un aspecto puramente formal e insustancial, es decir, no necesario para la comparación de propuestas, que no da lugar a rechazo sin brindar al proponente la oportunidad de subsanarlo.

 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 13001233100019990011301 (25804), feb. 26/14, C. P. Enrique Gil Botero)

 

 

Fuente: Ámbito Jurídico

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