Noticias Columna Derecha

Cobro de fotomulta no puede hacerse efectivo sin previa notificación

 

 

El Consejo de Estado advirtió que la obligación de pagar fotomultas no puede hacerse efectiva sin la debida notificación al conductor.

 

Según explicó, la Ley 1383 del 2010, que reformó el Código Nacional de Tránsito, señala que los comparendos realizados por medios técnicos y tecnológicos se notificarán por correo dentro de los tres días hábiles siguientes a la infracción, disposición que no tiene excepciones legales.

 

A juicio de la Sección Cuarta, la simple presentación de la infracción no significa que surja la obligación por parte del endilgado, pues ella solo es exigible cuando se ha demostrado su responsabilidad en la comisión de la falta. Además, la administración tiene la obligación de notificar al infractor. Por lo tanto, hacer efectivo el cobro omitiendo este deber vulnera sus derechos fundamentales.

 

“En estas condiciones es claro que, al no realizar la respectiva notificación se le está vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante, puesto que, el actor no podrá ejercer su derecho de contradecir e impugnar el comparendo y, si fuera el caso, allegar pruebas”, agregó el alto tribunal.

 

La corporación recordó que la Corte Constitucional también rechazó la posibilidad de que la imposición del comparendo implique su cobro inmediato. “… tal hecho no justifica que se le imponga a éste la obligación de pagar la multa, sin brindarle previamente la oportunidad de comparecer al proceso administrativo y de ejercer su derecho a la defensa’”, señala, al respecto, la Sentencia C- 980 del 2010.

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 25000234200020130432901, sep. 26/13, M. P. Carmen Teresa Briceño)

Fuente: Ámbito Jurídico

 

 

Caen facultades imprecisas dadas a Dirección Nacional de Derecho de Autor

 

 

La Corte Constitucional declaró inexequible el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 del 2011, que permitía a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) imponer cualquier medida que encuentre razonable para garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

 

Esta amplia facultad era  adicional a las expresadas taxativamente en los literales anteriores del mismo artículo 30, que estipula las medidas cautelares que mediante resolución motivada pude adoptar el director de la DNDA.

 

Para el alto tribunal, permitir la imposición de “cualquier otra medida” desconoce abiertamente el principio de legalidad y el debido proceso. A su juicio, el legislador pasó por alto que toda actuación judicial o administrativa debe estar clara y expresamente señalada en la ley.

 

De esta manera, no habrá lugar a indeterminaciones que afecten principios o valores superiores que impidan a conocer de antemano cuáles serán las eventuales actuaciones que desplegará la administración.

 

El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez se reservó la presentación de una posible aclaración de voto.

 

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-835, nov. 20/13, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

 

Fuente. Ámbito Jurídico

Consejo de Estado cuestiona imparcialidad de la Procuraduría en un proceso disciplinario

 

Tras requerir al Procurador General de la Nación para que revise cómo están actuando sus delegados en las demandas contra ese organismo de control presentadas ante el Consejo de Estado, el alto tribunal recordó que la respuesta negativa a un derecho de petición no significa la violación de una garantía que amerite la destitución.

 

La Sección Segunda calificó como un acto de “dudosa imparcialidad” el hecho de que el Ministerio Público haya sancionado a una funcionaria por violar el derecho de petición, cuando lo que se cuestionaba era el contenido de la respuesta, por no estar de acuerdo con las políticas del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Tunja, entonces gerenciado por la demandante.

 

“Con base en estos reproches (entre los cuales no hay pocos de contenido abiertamente político) fue que se le sancionó”, sentenció el alto tribunal, al señalar que es evidente que la actora sí cumplió con su deber, pero, al no pronunciarse en los términos que hubiera preferido el organismo de control, terminó siendo objeto de una sanción falsamente motivada.

 

La corporación reiteró que el control disciplinario que ejerce la Procuraduría no constituye ejercicio de función jurisdiccional.

“La Procuraduría no juzga ni sentencia, puesto que no es un juez; es la máxima autoridad disciplinaria en el ámbito externo de ejercicio de la potestad disciplinaria, pero esa es una manifestación de la función administrativa, no de la función jurisdiccional. El juez competente es la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de ejercer el control sobre los actos administrativos disciplinarios y el procedimiento seguido para adoptarlos”, recordó.

 

En la misma decisión, requirió al Procurador General para que tome medidas que eviten que sus funcionarios ejerzan su labor a través de “memoriales abstractos y genéricos que obedecen a formatos preestablecidos”, carentes de análisis serios de cada caso. Además, le solicitó presentar un informe ante la corporación en torno a las medidas que tome sobre el particular.

 

El alto tribunal precisó que el Ministerio Público no es un poder omnímodo no sujeto a controles, una nueva rama del poder, ni un nuevo juez creado en contravía del diseño constitucional.

Por lo tanto, advirtió que no se puede atribuir estas funciones, en contra de la Constitución Política que dice defender, ni puede siquiera sugerir que sus decisiones constituyen sentencias, con todas las garantías que revisten los fallos judiciales.

 

El uso corriente de la expresión juez disciplinario por la Corte Constitucional para hacer referencia a la Procuraduría no puede interpretarse bajo ninguna perspectiva en el sentido de que la Procuraduría sea una autoridad jurisdiccional, ni de que sus dictámenes disciplinarios tengan la naturaleza jurídica de sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada; tampoco el uso de la palabra ‘fallos o ‘instancias’, en el que se suele incurrir”, agregó.

 

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 11001032500020110008400 (02562011), nov. 7/13, M. P. Gustavo Gómez Aranguren)

 

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Corrupción, una grieta para la confianza en la justicia

 

El reconocimiento de la administración de justicia como servicio público esencial ha hecho que cualquier cese de actividades o suspensión del trabajo resulte contrario al ordenamiento constitucional.

 

En la misma medida, podría señalarse que los actos de corrupción que afectan el correcto desenvolvimiento de esta función pública, como la define el artículo 228 constitucional, más allá de vulnerar normas específicas del ordenamiento penal o disciplinario, afectan seriamente derechos esenciales de los ciudadanos en un Estado democrático.

 

Ello explica la efervescente reacción de las altas cortes, del Presidente de la República, así como la avalancha de artículos de prensa y análisis académicos, reprochando los recientes actos de corrupción en la justicia. Aunque hechos de este tipo no son nuevos, quizás el debate está tomando un rumbo distinto al que solía dársele.

 

ÁMBITO JURÍDICO consultó a expertos y protagonistas de uno de los temas que ha ocupado la atención en las últimas semanas.

 

Rumbo a la reforma

En el complejo debate sobre la reforma a la justicia,  puede abrirse la discusión sobre la necesidad de fortalecer los controles, como sanciones o penas, para funcionarios judiciales que incurran en actos de corrupción.

 

Otra propuesta, sin embargo, busca fortalecer las herramientas educativas que se brindan a los futuros operadores judiciales, para que, a través de un comportamiento ético, se recupere la confianza ciudadana.

 

La anterior afirmación se sustenta, parcialmente, en uno de los resultados de la Encuesta nacional de necesidades jurídicas, presentada el pasado 28 de agosto, contratada por el Ministerio de Justicia y realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, con la colaboración de Dejusticia.

 

Una de las barreras de acceso identificadas es la confianza institucional, la cual debe manifestarse no solamente respecto del operador individual, sino también del marco institucional de referencia. Por ejemplo, si los ciudadanos piensan que el sistema es ineficiente y corrupto, pueden decidir que no vale la pena acudir ante él.

 

En ese sentido, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que es necesario revisar, complementar y mejorar la actual legislación sobre exigencias éticas y profesionales de los miembros de la Rama Judicial.

 

La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) María Mercedes López va más allá, al señalar que se requiere analizar las vías de ingreso y permanencia en la Rama Judicial. De esta manera, se debería evaluar si quienes accedieron a ella conservan el mérito para permanecer allí.

 

“Para ello, tendrían que establecerse métodos de evaluación periódica que sirvan de filtro para procurar el mejoramiento continuo de la planta de personal de la justicia”, concluye López.

 

Corruptos y corruptores

Según cifras del CSJ, entre el 2012 y octubre del 2013, han sido sancionados 174 funcionarios de la Rama Judicial (ver recuadros).

 

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, reportó que, entre abril del 2012 y febrero de este año, se iniciaron 699 actuaciones penales, de las cuales 145 ya fueron evacuadas.

 

La presunta transacción para trasladar un expediente de la justicia ordinaria a la penal militar es solo uno de los casos que, al parecer, con mayor frecuencia, están protagonizando funcionarios judiciales de todos los niveles.

 

Algunos ejemplos que dan cuenta del creciente fenómeno de corrupción en la Rama Judicial son la captura, en abril de este año, de un juez por prevaricato, al fallar una tutela contra los recicladores de Bogotá, y la de 11 funcionarios del Complejo Judicial de Paloquemao, el pasado mes de octubre. A esto se suma el escándalo que envuelve al exmagistrado Henry Villarraga, que renunció al CSJ para atender su defensa.

 

Y hay otros casos que han pasado a un segundo plano de la atención mediática, como el denominado “carrusel de pensiones”, en el CSJ, y los desfalcos apoyados en decisiones judiciales, como Foncolpuertos y Cajanal.

 

Pero este fenómeno de corrupción tiene, generalmente, un protagonista paralelo al funcionario que defrauda el interés de la sociedad a una recta administración de justicia. Al respecto, Borrero manifiesta que aunque no hay evidencia de esa relación,  “indudablemente en actos de corrupción se necesitan dos: el que propone y el que lo acepta”. Agrega que, en muchos casos, los ciudadanos se resisten a aceptar las decisiones judiciales y hacen todo lo posible por modificarlas.

 

Un diagnóstico similar presentó María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados. En su opinión, “algunos litigantes sucumben a la facilidad de los beneficios inmediatos que representa la actuación amañada”.

 

No en vano, según estadísticas del CSJ, desde su creación, en 1991, han sido sancionados 14.540 abogados, de los cuales 3.848 lo fueron entre el 2010 y octubre de este año.

 

Justicia para los jueces

La falta de control sobre los funcionarios judiciales se evidencia desde aquel que debe ser aplicado a las altas cortes. Al respecto, Borrero indica que este es inexistente, por la incapacidad y problemas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de vigilar a los magistrados.

 

En sentido similar, López expresa que la Constitución se equivocó cuando le entregó a un ente político responsabilidades judiciales. Por lo tanto, considera urgente una reforma estructural de la justicia, “para que los altos dignatarios de los tres poderes cuenten con un juez serio, eficaz y que, a este nivel, tampoco haya impunidad”.

 

El abogado y académico Ramiro Bejarano indica que, para recuperar la confianza en el sistema judicial, debe instrumentarse una reforma que modifique el sistema de designación de los magistrados de las altas cortes. Así mismo, esta debe implantar un mecanismo eficiente para que los mismos sean juzgados y “despolitizar las cortes, empezando por suprimirles las facultades electorales que, infortunadamente, les fueron atribuidas en la Carta de 1991”, señala.

 

En un debate que, al parecer, hasta ahora se empieza a asumir con seriedad, surgen muchos interrogantes y pocas conclusiones. Quizás es momento de mirar experiencias ajenas, como los códigos de ética para jueces y magistrados que se están promocionando en América Latina, tal como lo advierte Gloria Borrero.

 

Sin embargo, sin mayor esfuerzo, puede concluirse que una justicia corrupta no es justicia. Por lo pronto, el Gobierno ya reveló las propuestas que expondrá en una eventual reforma, con miras a recuperar la credibilidad ciudadana en sus jueces (ver “No se puede concluir que la justicia colombiana es corrupta”, pág. 17).

 

 

Sanciones disciplinarias 2010-2013

Año       Abogados           Funcionarios

2010      1490                      265

2011      1159                      201

2012      689                        105

2013*    510                        69

(Fuente: Consejo Superior de la Judicatura)

*Datos a octubre.

 

Fuente: Ámbito Jurídico

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