Noticias Columna Derecha

Transporte Escolar, ¿Dónde está la fuente de la inseguridad?

 

Es  claro que el transporte escolar es una de las categorías o formas de ejecución de la modalidad de transporte público terrestre automotor especial, regulado por el Decreto 174 de 2001, y que para el caso concreto de la seguridad de los estudiantes prevé lo siguiente:

Artículo 28. Protección a los estudiantes. Con el fin de garantizar la protección de los estudiantes, durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte, los vehículos dedicados a este servicio deberán llevar un adulto en representación de la entidad docente.”

La norma claramente dispone que el adulto acompañante obedezca a un representante de la entidad docente, no obstante en el ejercicio del transporte escolar, pudiera asegurar que la gran minoría, por no decir que ninguna institución educativa,  está disponiendo de ese adulto para efectos de dar cumplimiento a la norma de protección a los estudiantes, y de lo contrario, están trasladando tan importante actividad a las empresas transportadoras, y estas personas terminan siendo las esposas o familiares del conductor, quienes no tienen ninguna autoridad para disciplinar a los estudiantes y desde luego carece de poder y autoridad para exigirle al conductor conductas tan básicas de protección a los estudiantes como respetar los límites de velocidad, no abrir las puertas hasta que el vehículo no este detenido, entre otras que usted bien conoce.

Es importante reflexionar sobre el ejemplo que las instituciones están dando a los estudiantes, una de las principales razones de la formación para una buena convivencia en sociedad es cumplir las Leyes y Reglamentos del Estado, máxime en este caso que se trata de una norma de protección a los estudiantes.

Los contratos que celebran las instituciones educativas con las empresas de transporte escolar, parten de una posición dominante que ostentan estas instituciones, y en ellos se estipula que el acompañante estará a cargo de la empresa de transporte, situación que es ilegal y que no ha tenido ningún control por parte de las autoridades que tienen facultad y mas que ello, la obligación de control, vigilancia e inspección.

Estudios publicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el proyecto de acuerdo 214 de 2009, advertían sobre un incremento de los casos de Bullying o Acoso Escolar, estableciendo que "56 de cada 100 estudiantes declararon haber sido robados en su propio colegio y 32 de cada 100 que han sido víctima de maltrato físico por parte de sus propios compañeros.".

El Manual de Convivencia de la institución educativa se extiende al transporte escolar, así lo establece la Ley 115 de 1994 y sus Decretos Reglamentarios, por ello, es importante que la institución reflexione sobre la importancia de disponer de ese adulto para que realice el acompañamiento de los transportes escolares, a menos que pretenda que el bullying o acoso escolar, la indisciplina y el irrespeto sean controlados por las esposas o familiares de los conductores de los buses de transporte escolar, quienes no quiero desmeritar porque seguramente hacen un esfuerzo para cumplir con tan trascendente labor, pero que indudablemente carecen de competencia y autoridad para ejercer la potestad disciplinaria frente a los estudiantes. Entre tanto, tampoco han de tener la competencia y autoridad para exigirle a al conductor del vehículo (quien es su jefe), que no exceda los límites de velocidad, que no pare en sitios prohibidos o en la mitad de la calle para el descenso de los estudiantes, que conduzca con cuidado, que no realice maniobras peligrosas, entre tantas que se pueden suscitar.

Es un llamado al cumplimiento de la norma, pero también es un llamado a la reflexión y la sensatez, un llamado a la calidad del servicio, al ejemplo, y en especial a la protección de los estudiantes que utilizan el transporte escolar.

 

Polígrafo puede utilizarse en procesos de selección de empresas de vigilancia: Mintrabajo

 

En Colombia no existe regulación vigente sobre la posibilidad de practicar la prueba del polígrafo a los trabajadores, ni disposición normativa que la prohíba. Sin embargo, en caso de que se realice, debe hacerse conforme al numeral 5º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, guardando absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos, advirtió el Ministerio del Trabajo.

 

La Resolución 2593 del 2003, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, autorizó el examen del polígrafo en sus procesos de selección de personal, el cual debe cumplir los siguientes requisitos:

 

- Reserva absoluta sobre la información obtenida.

- Autorización previa, por escrito y voluntaria por parte del aspirante al cargo.

- Que este sea informado sobre cómo funciona el polígrafo, advirtiéndole que no representa amenaza contra su dignidad y demás derechos fundamentales.

 

El Ministerio recordó que el empleador debe respetar de manera incondicional la dignidad humana de sus trabajadores. En ese sentido, reiteró que, según la jurisprudencia constitucional, la dignidad humana constituye un derecho fundamental, un principio constitucional y un valor que sirve como fundamento de todo el universo legislativo.

 

(Mintrabajo, Concepto 53266, mar. 31/14)

 

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Miembros de la fuerza pública también son víctimas de las FARC: Procuraduría

 

“Los miembros de la fuerza pública en general también han sido víctimas de las FARC. Eso es innegable y no puede ser objeto de discusión”.

 

Así lo señaló la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, en el Foro Nacional Sobre Víctimas que se celebró en Cali, al referirse a la participación que tendrán las víctimas de esa guerrilla en los diálogos de paz que se realizan en La Habana (Cuba).

 

La funcionaria agregó que se necesita escuchar a las víctimas del grupo guerrillero, quienes, a su juicio, no están realmente representadas. “Esa es una queja asidua. En el foro hay presencia de personas que ni han sido víctimas de las FARC y no representan los intereses de estas”, señaló.

 

Precisamente, hace dos semanas, la Procuraduría le solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas informar sobre la metodología que se utilizará para la selección de los representantes de las víctimas que estarán en la mesa de negociaciones.

 

Según la entidad, es fundamental que se tenga claridad sobre las reglas de juego establecidas en un aspecto de tanta trascendencia, y que se le asegure una representación justa al universo de víctimas del conflicto armado.

 

Vale la pena recordar que las delegaciones del Gobierno y las FARC acordaron, el mes pasado, los mecanismos para la participación directa de las víctimas del conflicto en los diálogos de La Habana, y anunciaron que el primer grupo de afectados será recibido el próximo 16 de agosto.

 

De igual manera, indicaron que la organización y el proceso de selección de los grupos estarán a cargo de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, en consulta con diferentes asociaciones de víctimas.

 

Igualmente, se definieron los criterios para la selección de las comisiones, de las cuales se invitará a una por cada ciclo. En cuanto a la integración, esta instancia deberá estar compuesta hasta por 12 personas.

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Consejo de Estado sugiere porcentajes para acuerdos conciliatorios con entidades estatales

La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre los parámetros que deben tener en cuenta las entidades estatales para ejercer su libertad dispositiva en materia de conciliación extrajudicial y judicial.

 

De acuerdo con la providencia, cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia y el acuerdo tenga como objeto un porcentaje de la indemnización, la conciliación puede convenirse entre el 70 % y el 100 % de esa condena. Estos mismos porcentajes aplicarían, si la sentencia de primera instancia no es estimatoria de las pretensiones o no se ha proferido.

 

Los anteriores parámetros no se tendrían en cuenta si está acreditado el daño, pero no la cuantía del perjuicio. En esos eventos, explicó, el propio juez debería acudir a la equidad como principio y fundamento para determinar el monto de la indemnización.

 

“Cuando en estas circunstancias se pretenda alcanzar un acuerdo conciliatorio, el margen de negociación entre las partes será mayor y serán ellas las que en su criterio y libre disposición (…) definan los términos de su respectiva conciliación y, por su puesto, corresponderá al juez competente evaluar y definir, de conformidad con las particularidades de cada caso concreto, la legalidad del respectivo negocio jurídico”.

 

El alto tribunal recordó que son las partes, en el libre ejercicio de su voluntad, las que deben discutir y negociar los términos en los que se le debe poner fin a un conflicto. Sin embargo, si es evidente que la fórmula de solución es excesivamente ventajosa o desequilibrada, sobre todo cuando esa desproporción es fruto del ejercicio de una posición de dominio, el juez no puede convertirse en un testigo silencioso de una injusticia, sino que debe adoptar medidas para alcanzar un mínimo equilibrio.

 

La entidad pública que ocupe una posición de dominio, concluyó, debe ejercer esa prerrogativa de forma razonable, motivada y proporcional, de manera que se logren acuerdos justos y equilibrados para la contraparte débil o que no se encuentre en una posición de igualdad real.

 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 20001233100020090019901 (41834), abr. 28/14, C. P. Mauricio Fajardo Gómez)

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Página:
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10


Responsabilidad por privación injusta de la libertad no depende de ilegalidad de medida de asegurami

    Siempre que una persona haya estado privada de su libertad bajo una medida de aseguramiento, el proceso penal termine con sentencia absolutoria o preclusión y no exista una causal eximente de re...

ver más

Transporte Escolar, ¿Dónde está la fuente de la inseguridad?

  Es  claro que el transporte escolar es una de las categorías o formas de ejecución de la modalidad de transporte público terrestre automotor especial, regulado por el Decreto 174 de 2001, y que par...

ver más