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Polígrafo puede utilizarse en procesos de selección de empresas de vigilancia: Mintrabajo

 

En Colombia no existe regulación vigente sobre la posibilidad de practicar la prueba del polígrafo a los trabajadores, ni disposición normativa que la prohíba. Sin embargo, en caso de que se realice, debe hacerse conforme al numeral 5º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, guardando absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos, advirtió el Ministerio del Trabajo.

 

La Resolución 2593 del 2003, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, autorizó el examen del polígrafo en sus procesos de selección de personal, el cual debe cumplir los siguientes requisitos:

 

- Reserva absoluta sobre la información obtenida.

- Autorización previa, por escrito y voluntaria por parte del aspirante al cargo.

- Que este sea informado sobre cómo funciona el polígrafo, advirtiéndole que no representa amenaza contra su dignidad y demás derechos fundamentales.

 

El Ministerio recordó que el empleador debe respetar de manera incondicional la dignidad humana de sus trabajadores. En ese sentido, reiteró que, según la jurisprudencia constitucional, la dignidad humana constituye un derecho fundamental, un principio constitucional y un valor que sirve como fundamento de todo el universo legislativo.

 

(Mintrabajo, Concepto 53266, mar. 31/14)

 

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Defectos subsanables en procesos de licitación son aquellos que no asignan puntaje al oferente

 

En materia de contratación, los defectos subsanables son los que no asignan puntaje al oferente y deben corregirse dentro del plazo que la entidad estatal otorgue durante la evaluación de las ofertas, usualmente previsto en los pliegos de condiciones, sin exceder el día de la adjudicación, precisó recientemente el Consejo de Estado.

 

Según la corporación, permitir enmendar lo que asigna puntos facilitaría al proponente defraudar a los demás participantes en la licitación, por ejemplo, ofreciendo datos irrisorios, pues en ese momento ya conocería los valores ofrecidos por los demás competidores.

 

La Ley 1150 del 2007 conservó y profundizó la solución antiformalista que introdujo la Ley 80 de 1993, en el sentido de señalar que todos aquellos requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las propuestas son aquellos que no afectan la asignación de puntaje, los cuales podrán ser solicitados en cualquier momento, hasta la adjudicación.

 

No obstante, algunos decretos reglamentarios de la ley (decretos 66 y 2474 del 2008 y 734 del 2012) impidieron subsanar muchos requisitos que no asignaban puntaje, pues establecieron excepciones relacionadas con la capacidad para contratar o la acreditación de circunstancias ocurridas después del cierre de la oferta, hasta que el Decreto 1510 del 2013 no las reprodujo y precisó que todos los requisitos omitidos que no asignen puntaje son subsanables.

 

En el caso bajo análisis, el alto tribunal indicó que, si bien los estados financieros suscritos por los contadores públicos deben cumplir las exigencias legales, para que tengan valor probatorio pleno en un proceso de licitación, se trata de un aspecto puramente formal e insustancial, es decir, no necesario para la comparación de propuestas, que no da lugar a rechazo sin brindar al proponente la oportunidad de subsanarlo.

 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 13001233100019990011301 (25804), feb. 26/14, C. P. Enrique Gil Botero)

 

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Consejo de Estado sugiere porcentajes para acuerdos conciliatorios con entidades estatales

La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre los parámetros que deben tener en cuenta las entidades estatales para ejercer su libertad dispositiva en materia de conciliación extrajudicial y judicial.

 

De acuerdo con la providencia, cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia y el acuerdo tenga como objeto un porcentaje de la indemnización, la conciliación puede convenirse entre el 70 % y el 100 % de esa condena. Estos mismos porcentajes aplicarían, si la sentencia de primera instancia no es estimatoria de las pretensiones o no se ha proferido.

 

Los anteriores parámetros no se tendrían en cuenta si está acreditado el daño, pero no la cuantía del perjuicio. En esos eventos, explicó, el propio juez debería acudir a la equidad como principio y fundamento para determinar el monto de la indemnización.

 

“Cuando en estas circunstancias se pretenda alcanzar un acuerdo conciliatorio, el margen de negociación entre las partes será mayor y serán ellas las que en su criterio y libre disposición (…) definan los términos de su respectiva conciliación y, por su puesto, corresponderá al juez competente evaluar y definir, de conformidad con las particularidades de cada caso concreto, la legalidad del respectivo negocio jurídico”.

 

El alto tribunal recordó que son las partes, en el libre ejercicio de su voluntad, las que deben discutir y negociar los términos en los que se le debe poner fin a un conflicto. Sin embargo, si es evidente que la fórmula de solución es excesivamente ventajosa o desequilibrada, sobre todo cuando esa desproporción es fruto del ejercicio de una posición de dominio, el juez no puede convertirse en un testigo silencioso de una injusticia, sino que debe adoptar medidas para alcanzar un mínimo equilibrio.

 

La entidad pública que ocupe una posición de dominio, concluyó, debe ejercer esa prerrogativa de forma razonable, motivada y proporcional, de manera que se logren acuerdos justos y equilibrados para la contraparte débil o que no se encuentre en una posición de igualdad real.

 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 20001233100020090019901 (41834), abr. 28/14, C. P. Mauricio Fajardo Gómez)

 

Fuente: Ámbito Jurídico

Cobro de fotomulta no puede hacerse efectivo sin previa notificación

 

 

El Consejo de Estado advirtió que la obligación de pagar fotomultas no puede hacerse efectiva sin la debida notificación al conductor.

 

Según explicó, la Ley 1383 del 2010, que reformó el Código Nacional de Tránsito, señala que los comparendos realizados por medios técnicos y tecnológicos se notificarán por correo dentro de los tres días hábiles siguientes a la infracción, disposición que no tiene excepciones legales.

 

A juicio de la Sección Cuarta, la simple presentación de la infracción no significa que surja la obligación por parte del endilgado, pues ella solo es exigible cuando se ha demostrado su responsabilidad en la comisión de la falta. Además, la administración tiene la obligación de notificar al infractor. Por lo tanto, hacer efectivo el cobro omitiendo este deber vulnera sus derechos fundamentales.

 

“En estas condiciones es claro que, al no realizar la respectiva notificación se le está vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante, puesto que, el actor no podrá ejercer su derecho de contradecir e impugnar el comparendo y, si fuera el caso, allegar pruebas”, agregó el alto tribunal.

 

La corporación recordó que la Corte Constitucional también rechazó la posibilidad de que la imposición del comparendo implique su cobro inmediato. “… tal hecho no justifica que se le imponga a éste la obligación de pagar la multa, sin brindarle previamente la oportunidad de comparecer al proceso administrativo y de ejercer su derecho a la defensa’”, señala, al respecto, la Sentencia C- 980 del 2010.

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 25000234200020130432901, sep. 26/13, M. P. Carmen Teresa Briceño)

Fuente: Ámbito Jurídico

 

 

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